El Gobierno nacional intentará acelerar medidas para evitar la toma de tierras, generando acciones para urbanizar villas. Daniel Arrollo, ministro de Desarrollo Social, será el encargado de ejecutar la constitución de un fideicomiso para administrar los recursos que se destinarán a la integración urbana y, la apertura del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que no es otra cosa más que un guiño político hacia los movimientos sociales, descontentos con los operativos policiales llevados adelante en los desalojos por el gobierno de Kicillof. El Renabap es el reporte oficial que nuclea la información de las villas de emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2016. Según este registro, se contabilizaron casi cuatro millones de personas en 4.416 barrios donde hay hacinamiento y deficiencias en el acceso a los servicios públicos, como luz, agua y cloacas. Sin embargo, esa cifra está sobreestimada, ya que se presume que la cantidad de “nuevos” asentamientos es mayor. La sumatoria de nuevos barrios al Renabap es clave porque las viviendas incorporadas a ese registro no pueden ser desalojadas por un plazo de cuatro años, de acuerdo a la Ley 27.453 sancionada en 2018. El ministro Daniel Arroyo aclaró que sólo se incorporarán aquellos barrios donde hubo toma de tierras “consolidadas”, con casas construidas con materiales, por lo que descartó que se agreguen los asentamientos que se produjeron durante el 2020.
“Si todo sale bien, la semana que viene se va a estar firmando la resolución del fideicomiso”, confirmó Arroyo. Los recursos para el financiamiento de la urbanización de los barrios populares tiene dos fuentes principales: las partidas del presupuesto nacional y los 8 mil millones de pesos del impuesto PAIS, que se recauda con la compra de dólares. Un tercer ingreso se originaría en el aporte extraordinario a las grandes fortunas, en caso de que la ley se sancione en el Congreso. El criterio de selección de las prioridades en los barrios populares será revisado por los gobernadores, a través del Consejo Federal de Desarrollo Social (Cofedeso). La tarea viene demorada por la pandemia desde la gestión de Bielsa. De los 4.416 barrios registrados en el Renabap, sólo se iniciaron obras en 46 asentamientos, es decir, el 1 por ciento. Con el nuevo reimpulso, las obras podrían alcanzar el centenar de barrios a fin de año. El desalojo en Guernica generó un profundo malestar en los movimientos sociales, que no ocultaron su enojo por el operativo implementado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Incluso hubo diputados y funcionarios del Gobierno que protestaron por las escenas de violencia. “Nadie en el campo nacional y popular puede estar orgulloso de aquellas imágenes de represión en la miseria”, dijo Fernanda Miño en su cuenta personal de Twitter. “Vamos a entregar todo para hacer realidad esas soluciones necesarias y de fondo. No seremos parte de otras respuestas, tenemos clara nuestra misión”, desafió.
