El oficialismo vuelve a quedar bajo la lupa en un nuevo episodio marcado por sospechas de corrupción. En esta ocasión, el eje del debate son los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a dirigentes de alto rango. La información salió a la luz gracias a un pedido de acceso público que confirmó lo que ya circulaba como rumor: entre enero de 2024 y marzo de 2026, la entidad concedió 1.120 préstamos a Personas Políticamente Expuestas (PEP), un grupo que abarca funcionarios de los tres poderes del Estado y que, por normativa, debería estar sujeto a controles más estrictos de la Unidad de Información Financiera (UIF). El dato se suma a la controversia que estalló en abril, cuando se reveló que varios funcionarios mantenían deudas millonarias con el banco. Entre los nombres más destacados aparecen Felipe Núñez (373 millones de pesos), Federico Furiase (367 millones) y Pedro Inchauspe (510 millones). La dimensión del asunto es significativa: casi uno de cada 23 créditos otorgados por el Banco Nación fue destinado a políticos, dentro de un total de 25.391 operaciones. Esta proporción reaviva las dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control y la transparencia en el manejo de fondos públicos. La Resolución de la UIF define como PEP a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes: desde el presidente y vicepresidente de la Nación hasta legisladores, gobernadores, ministros, jueces, fiscales, embajadores y altos mandos militares. La categoría también incluye a familiares directos y a quienes hayan ocupado esos cargos en los últimos dos años. Bajo este marco, las entidades financieras están obligadas a identificar y monitorear las operaciones de estas personas para prevenir delitos como el lavado de dinero. El caso abre un nuevo frente de tensión para el gobierno de La Libertad Avanza, que ya enfrenta críticas por su manejo de la transparencia institucional. Ahora será la Justicia la que deba determinar si detrás de estos créditos hubo irregularidades o si se trató de un uso legítimo de las herramientas financieras. Mientras tanto, la sociedad observa con creciente desconfianza cómo se repite un patrón: los beneficios del sistema parecen concentrarse en quienes deberían estar sometidos al mayor control.
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