En un intento por mejorar la eficiencia del sistema de subsidios al transporte público, el Gobierno argentino implementó una nueva política que redefine el cálculo de compensaciones tarifarias para las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la Resolución 45/2024, publicada recientemente en el Boletín Oficial, los subsidios dejarán de calcularse según los kilómetros recorridos por cada unidad y pasarán a depender directamente del número de pasajeros transportados, medido a través del sistema de tarjetas SUBE. Esta medida, que comenzó a regir el 1 de noviembre, responde a una recomendación de la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2017. Durante años, el esquema de subsidios se basó en la oferta de kilómetros recorridos, incentivando a las empresas a poner en circulación sus unidades independientemente de la cantidad de pasajeros a bordo. “El modelo anterior fomentaba que las unidades circulen sin pasajeros, porque los subsidios se calculaban en función de los kilómetros recorridos y del combustible consumido, generando una dependencia excesiva del Estado”, explicaron desde la Secretaría de Transporte. La nueva disposición incorpora una “Metodología para la Construcción de Tarifas Teóricas de Referencia”, que ajusta el cálculo de los subsidios en función de la demanda real. Con este cambio, el Estado busca orientar los recursos hacia las líneas con mayor volumen de usuarios, obligando a las empresas a justificar sus recorridos en función de la demanda y no de la oferta. Pese a esta modificación en la asignación de subsidios, desde la Secretaría de Transporte aseguraron que no se producirán cambios en el precio del boleto para los pasajeros. Sin embargo, el nuevo esquema podría presionar a las compañías con menor demanda, quienes podrían ver afectada su rentabilidad si no logran atraer suficiente volumen de usuarios. Además, es posible que las líneas de colectivo en el AMBA ajusten sus recorridos para alinearse mejor con las necesidades de los pasajeros. Sectores de la industria del transporte consideran que la medida ayudará a evitar posibles abusos en el uso de combustibles subsidiados, un problema señalado anteriormente por la AGN y diversos actores del sector. Representantes de las cámaras empresariales indicaron que este cambio era “esperado y aceptado” y destacaron que la nueva metodología contribuirá a una distribución más justa de los recursos estatales en el sistema de transporte público.
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