En la justicia neoyorquina el expediente YPF volvió a ganar aire. La Cámara de Apelaciones concedió a los demandantes, respaldados por el fondo Burford, una prórroga hasta el 5 de mayo para preparar su ofensiva: pedir que todos los jueces del tribunal revisen el fallo que, semanas atrás, había dado un respiro a la Argentina al suspender la condena por 16.100 millones de dólares. El plazo inicial vencía el 10 de abril, pero las sociedades Petersen lograron estirar la cuerda por 28 días. El argumento fue tan pragmático como humano: el abogado principal, Paul Clement, enfrenta compromisos profesionales y personales que le impiden armar la estrategia en tiempo récord. La extensión, dijeron, permitirá desplegar con mayor detalle los fundamentos que buscan convencer al tribunal. La jugada se inscribe en una batalla mayor. El 27 de marzo, la Cámara había desarmado la sentencia de primera instancia favorable a los demandantes y alineó su decisión con la posición argentina y de YPF. Ante este revés, la carta del “rehearing en banc” aparece como recurso inmediato, aunque su concesión es excepcional: sólo prospera cuando hay contradicciones con precedentes o cuestiones de relevancia extraordinaria. Nada de eso parece encajar del todo en este caso, que gira en torno a normas de derecho argentino, un terreno periférico para la justicia estadounidense. En paralelo, Burford deja entrever que no se quedará sin opciones: evalúa recurrir a la Corte Suprema de EE.UU. o incluso a un arbitraje internacional. La definición de los próximos pasos dependerá de cómo se muevan las piezas en este tablero judicial, donde cada plazo y cada recurso marcan el pulso de una disputa que combina derecho, política y millones de dólares.
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