Diego Alarcón, vocal titular de la Comisión Directiva de la seccional gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), fue imputado por su presunta participación en el bloqueo de la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma, ubicada en el partido de Carlos Casares, durante el año pasado. La imputación es resultado de una investigación dirigida por el fiscal Martín Butti, de la UFI 2 de Trenque Lauquen, quien alega que Alarcón habría incurrido en el delito de “compulsión a la huelga”. Según las acusaciones, “Alarcón y otros miembros de la cúpula sindical habrían impedido el ingreso de trabajadores a la planta de Lácteos Vidal mediante amenazas e intimidaciones verbales”. Estos actos, alega la acusación, “atentaron contra la libertad de los empleados de decidir si deseaban participar en un cese de actividades o no”. En respuesta a la imputación, Mariana Heim, abogada y apoderada de Lácteos Vidal S.A., afirmó que Alarcón “no actuó solo, sino en conjunto con otros altos cargos sindicales, incluyendo al secretario general y al secretario adjunto, así como a dos empleados con fueros”. Esta colaboración habría llevado a la prohibición de manera coercitiva del ingreso de trabajadores que deseaban continuar sus funciones en la empresa. La controversia se extiende más allá de la imputación, ya que la empresa Lácteos Vidal ofreció indemnizar a los 26 trabajadores que participaron en la medida de fuerza y posteriormente fueron despedidos. Sin embargo, el sindicato ATILRA “rechazó esta propuesta, generando un conflicto adicional entre ambas partes”. Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal, expresó su satisfacción por el avance en el proceso de justicia y verdad. Considera que esta imputación es un paso necesario para frenar lo que denomina la “mafia sindical”, que, según sus palabras, ha tenido un impacto negativo en la producción y el progreso del país. En este contexto, algunos analistas sostienen que la relación entre el sindicato y los trabajadores “se deterioró en los últimos años”, acusando a ciertos sectores sindicales de “no defender los intereses de los empleados y, en algunos casos, de involucrarse en actividades ilícitas que han resultado en pérdidas de empleo y cierres de empresas”.
Compartir
