La refinanciación de los US$45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a debatirse en el Congreso. El proyecto que autoriza al Ejecutivo a llevar adelante el nuevo programa tiene un anexo de más de 130 páginas en las que se transcribe el memorándum técnico anunciado el jueves pasado. Ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que dirige Carlos Heller, y de Finanzas, que comanda Alicia Aparicio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió el programa final acordado con el FMI y se cruzó con varios dirigentes de la oposición. Desde la bancada de Juntos por el Cambio, y otros espacios políticos, así como también algunos sectores de la coalición gobernante (como La Cámpora) cuestionan algunos aspectos clave del proyecto. El principal impedimento que aparece a los planes del Gobierno de tener aprobado el acuerdo antes del 22 de marzo, cuando vencen US$2800 millones con el FMI, es que el proyecto no sólo habilita al Ejecutivo al entendimiento, sino que obliga a las otras fuerzas a avalar un plan económico con el que la mayoría de las fuerzas políticas no acuerdan. El acuerdo es de facilidades extendidas, fija un período de gracia de 4 años y medio, por lo que los primeros pagos se efectuarán desde 2026 y hasta 2034. La oposición considera que eso implica “dejarle una bomba de tiempo” al próximo gobierno. Además aseguran que la deuda con el FMI está hoy en US$40.000 millones por lo que Alberto Fernández está tomando US$5000 millones extras. Para que el staff técnico habilite los desembolsos, la Argentina deberá cumplir las metas de reducción del déficit fiscal, que es el eje del acuerdo con el FMI. En ese sendero, se fijan metas de rojo primario de 2,5% del PBI en 2022, de 1,9% del PBI en 2023 y de 0,9% en 2024. En la oposición creen que sin una baja del gasto público es incumplible.
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