Las tomas de tierras, encendieron las alarmas en el sector agropecuario por temor al avance sobre la propiedad privada, frente a lo que consideran una “inacción” oficial, para revertir la situación. Es evidente que la relación entre el gobierno de Alberto Fernández y el sector agropecuario no fue ni es buena desde que el Frente de Todos asumió la presidencia en diciembre pasado. Al aumento de la presión impositiva y las complicaciones económicas y cambiarias que se profundizaron con la pandemia, ahora se sumó con fuerza la toma de tierras y la inseguridad rural. Todo esto sucede en momentos donde el propio Alberto Fernández ha definido a la cadena agroindustrial como uno de los motores de la recuperación económica, mediante el aumento de la producción, el empleo y las exportaciones. De hecho, el propio presidente y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, avalaron el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino, que busca cumplir los objetivos que plantea el gobierno. Entre el gobierno y el Consejo hay un diálogo abierto pero que hasta ahora no generó medidas concretas para solucionar los problemas de los productores. Pero dentro de la coalición de gobierno, hay sectores que promueven acciones para perjudicar y frenar la actividad agropecuaria, ya sea con proyectos de Ley que se buscan aprobar en el Congreso o con declaraciones que desconciertan y generan más incertidumbre de la que ya existe, como las del Director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien esta semana dijo: “El agronegocio está desestabilizando al Gobierno”.
El pasado viernes, la dirigencia de la Mesa de Enlace advirtió que en el Congreso Nacional se están promoviendo varias leyes, las que tendrían “una visión prejuiciosa y denigrante respecto de los productores rurales”, y a todo esto agregaron: “Si los mismos se aprueban, tendrían un alto impacto negativo sobre la producción agropecuaria, los productores, sus empresas y las comunidades”. Tal como sucedió el pasado 20 de junio, cuando a través de diferentes movilizaciones se alertó sobre el avance estatal sobre la propiedad privada, cuando el gobierno intentó intervenir y expropiar la empresa Vicentin, el campo volvió a movilizarse de modo similar, con un “Banderazo Federal”. El centro de la protesta fue la localidad entrerriana de Santa Elena, donde desde hace más de una semana la familia Etchevehere denunció la usurpación de su campo por Dolores Etchevehere y allegados a Juan Grabois, quien además asesora a Dolores, quien alega que una fracción del campo le pertenece, lo que es refutado por sus hermanos. La Mesa de Enlace de Santa Fe se declaró en estado de “alerta y movilización” y reclamaron a las autoridades “preservar el estado de derecho y mantener la paz social”. La misma decisión adoptó en las últimas horas la dirigencia de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, desde donde señalaron: “Seguimos con profunda intranquilidad los episodios con epicentro en la zona rural del Departamento La Paz, donde se pone en un segundo plano la seguridad jurídica y ha quedado evidenciada la vulneración del derecho a la propiedad”.
