A poco más de dos meses del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, la UCA publicó el informe “Impacto social de las medidas de aislamiento obligatorio por covid-19 en el área metropolitana de Buenos Aires”, resultado de una encuesta telefónica a 500 hogares ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El análisis concluye que a pesar de que el Estado volcó un paquete de ayuda equivalente al 5,6% del PBI, las medidas paliativas lograron apenas amortiguar el golpe sobre las condiciones socioeconómicas de la población. “En el AMBA, el 38,8% de los hogares declaran que los ingresos familiares durante del mes de abril se redujeron hasta un 50%, mientras que para un 18,8% la reducción habría sido mayor al 50%”, señala el informe de la UCA. “En el otro extremo, sólo el 37,1% de los hogares manifiesta que los ingresos no habrían variado, a la vez que un 5,1% declaró haber incrementado los ingresos familiares en el contexto de cuarentena”, agregó. El impacto del freno a la economía, además, no fue igual para todos. “En el Conurbano Bonaerense, en los hogares pobres en 2019 o sin empleo registrado ni afiliación a la seguridad social y en aquellos con presencia de niños/as se incrementaron en mayor medida la proporción de hogares que habrían sufrido las reducciones más significativas en sus ingresos”, detalló el informe.
El estudio, realizado en medio del cierre de una porción importante de las actividades económicas como resultado de las medidas de distanciamiento social, aduce problemas metodológicos para estimar números de pobreza. Esto es porque ante la interrupción en la medición y disponibilidad de precios de bienes y servicios que no se transan durante la cuarentena, la medición de pobreza por ingresos se vuelve difícil. Es así que la UCA no estima en su informe cómo es que creció la pobreza como resultado del parate económico generado por la crisis sanitaria. Pero, de todas formas, se analiza el porcentaje de adultos con déficit de ingresos en el hogar. Se calcula, para una familia de dos adultos y dos niños, $26.000 de ingreso mensual para alcanzar una Canasta Básica Alimentaria en marzo. En base a ese parámetro, el informe muestra que el año pasado el 86,5% no tenía déficit contra el 13,5% que sí lo tenía. Este año, el porcentaje que tiene déficit trepó al 29,4%. Es decir, un aumento de casi 16 puntos porcentuales. Se desprende en este punto que hubo un gran flujo entre quienes mejoraron y quienes tienen una situación peor a la del año pasado. Entre los hogares que no tenían déficit en 2019, uno de cada cuatro ahora sí lo tiene. Pero a la vez, entre quienes sí tenían déficit el año pasado, dos de cada cinco salieron de esa situación. “Las políticas sociales compensatorias estuvieron presentes en el contexto de aislamiento social y obligatorio a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH, jubilados y Tarjeta Alimentar, así como mediante la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores escolares o comunitarios. El 51,2% de hogares del AMBA recibió alguna de estas asistencias sociales en mayo de 2020”, registró el informe.
