Los acreedores externos recibieron la oferta argentina de reestructuración de la deuda soberana con un rechazo generalizado. La respuesta inicial del Gobierno fue mantener los términos de su propuesta, de donde “las posiciones se encuentran lejanas, aunque los puentes no están rotos”, según se analiza en el mercado. La diferencia es marcada cuando se realiza el cálculo teórico de los títulos tras la renegociación. Los bonistas aplican una tasa de descuento de 12%, ejercicio que les permite calcular un valor presente de los papeles argentinos del orden del 30% al 35%, cuando fondos de inversión importantes señalaron que no estaban dispuestos a acordar a una paridad inferior a 45%. Desde el Palacio de Hacienda se argumenta que la tasa de descuento del 12% es “excesiva” ya que corresponde a una situación de eventual default, es decir precisamente lo que la Argentina quiere evitar. La respuesta de los fondos es que países con alto riesgo como Egipto o Ucrania están rindiendo entre 9% y 10%, de donde no se puede pedir menos a un país con un largo historial de incumplimientos.
Los bonistas también plantean otras cuestiones de fondo. Por caso, señalan que es necesario conocer los números del plan económico para seguir avanzando en “una negociación de buena fe como plantea el ministro Martín Guzmán”. Les resulta sorprendente que el gobierno argentino haya lanzado una oferta “sin dar ningún fundamento sólido sobre cuál es el programa económico que sustenta la oferta”. Otro tema importante es el no pago por tres años al que aspira el gobierno argentino, un período que es rechazado por los acreedores. En general se considera que será “muy difícil” llegar a un acuerdo si el país no realiza algún pago en un plazo menor o al menos capitaliza los intereses por el período de gracia. Un importante analista internacional formuló : “los bonistas tendrán la posibilidad de litigar en Nueva York, allí la tasa compensatoria es de 9%, es decir que en un hipotético default de los u$s66.000 millones que intenta renegociar la Argentina, significa unos u$s6.000 millones de intereses por año.
