La conciliación obligatoria con los principales gremios petroleros, vence el 28 de enero, el Ministerio de Trabajo deberá encontrar una solución definitiva a los 625 despidos y más de 1.800 suspensiones, de lo contrario, se lanzaría un paro nacional petrolero para la próxima semana. Los ministros de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se volverán a reunir con los gremialistas Guillermo Pereyra (petroleros privados) y Manuel Arévalo (jerárquicos) en la cartera laboral de Alem 650.
Al cónclave también fueron citados los empresarios, representados por las cámaras de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope). Esta será la segunda ronda de diálogo con presencia de ejecutivos. Las anteriores, fueron sólo de funcionarios y sindicalistas. Aunque el año pasado marcó un récord de actividad en Vaca Muerta, actualmente se congeló la producción de hidrocarburos y las empresas decidieron desde septiembre achicar costos laborales, suspendiendo y despidiendo personal. Hoy se cuentan 625 telegramas de despidos y unas 1.847 suspensiones o cesantías forzadas.
En este contexto, los sindicatos se declararon en estado de alerta y movilización. Para evitar un primer paro nacional, por lo que a fines de noviembre se dictó la conciliación obligatoria, que luego se extendió con el recambio de gobierno. Tras varias reuniones, los gremios lograron frenar las desvinculaciones, pero todavía no tienen certezas de qué pasará con los trabajadores en el futuro. Alberto Fernández prometió a los empresarios una reforma de la ley de hidrocarburos, con mayores incentivos para la producción y les exigió sus aportes. El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, prometió una ley para “blindar” las inversiones en Vaca Muerta y fomentar la nueva llegada de capitales internacionales.
