El Senado duerme hace dos meses el proyecto de la nueva ley de “Economía del Conocimiento”, que favorece a un sector que exporta más de USD 6.000 millones anuales, emplea cerca de 500.000 personas y podría crear otros tantos empleos más. Las empresas del sector perdieron mientras tanto los beneficios que les había concedido la ley a raíz de la “ley de Emergencia”. En respuesta, el Gobierno prometió un proyecto superador, que podía hasta llegar a ser ley en sesiones extraordinarias, durante el verano. Hasta había fecha para tratarla en Diputados: el 17 de marzo. El verano pasó y la pandemia llegó, pero el ánimo se mantuvo con el avance del proyecto del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas. El dictamen en Comisiones de la Cámara Baja, a fin de mayo, fue miel sobre hojuelas. Invitado a exponer, Kulfas dijo allí que “es necesario tener la ley lo antes posible. Es prioridad la generación de empleo de calidad y el desarrollo productivo”. La radical Karina Banfi dijo que estaban ante “una ley ideal, que genera el desarrollo de muchos puestos de trabajo” y su correligionario Luis Petri coincidió en que “es imprescindible que avancemos con esta ley en este momento de pandemia”, aunque lamentó la falta de un artículo de “estabilidad fiscal”. Tan lindo era todo, que el diputado Pablo Carro, del Frente de Todos y titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, dijo que estaban ante “un proyecto puente, porque se salta la grieta”.
El texto, que acota los beneficios para las firmas grandes, facilita el acceso de PyMEs e introduce estímulos regionales. “Queremos que en 10 años se dupliquen los puestos de trabajo”, dijo esa vez Carro y hasta se atrevió a proyectar que en una década “En el sector podría haber un millón de empleos y la exportaciones podrían subir del 8 al 15% del total de exportaciones de la Argentina”. Allí se frenó el impulso, para preocupación de las empresas y cámaras del sector. Recientemente, la CESSI (Cámara de Software y Servicios Informáticos, un subsector de la economía del conocimiento) señaló que según estadísticas del Observatorio Permanente de la Industria (OPSSI), las empresas tienen por delante meses complicados, que sumados a la crisis pandémica podrían llevar a la pérdida de 11.000 puestos de trabajo, una caída de facturación de $33.400 millones y a una importante pérdida de exportaciones. El sector del software, hambriento de futuro, teme que el default legislativo del Senado comprometa también las metas que la CESSI se había fijado para 2030: la creación de 500.000 empleos en todo el país, superar los USD 20.000 millones de facturación anual, exportar por más de USD 10.000 millones y lograr que la Argentina se sume al lote de los 30 países más digitalizados del mundo y 5 más digitalizados de América Latina, según mediciones del Foro Económico Mundial. Mientras tanto el senado se encarga de temas que evidentemente, sólo son prioridad para la política.
