En el segundo mes de plena implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $251.287 millones y un resultado financiero con un rojo de $308.219 millones, tras el pago de $37.227 millones en concepto de intereses de la deuda pública. Como en el caso de los dos meses precedentes, gravitó en ese desempeño el efecto negativo de la cuarentena sobre las actividades productiva y comercial, porque generó un movimiento de pinzas de fuerte disminución de los recursos tributarios, e incremento sustancial del gasto social derivado de las medidas paliativas que implementó el Gobierno para los sectores más vulnerables. El impacto sobre las cuentas públicas ha alcanzado una magnitud singular, no sólo porque a nivel primario un año antes había sido superavitario en $25.974 millones, sino porque fue el más alto para un mayo en más de 30 años, probablemente desde la hiperinflación de 1989 que derivó en la entrega anticipada del mando de quien fuera el primer presidente del regreso de la democracia, Raúl Alfonsín.
Las estadísticas, con las severas limitaciones que tienen en la Argentina, donde en tres décadas no sólo se cambió más de cuatro veces la metodología de registro de las finanzas públicas, sino que se adoptó el criterio “base caja” por el cual se informan los movimientos percibidos del lado de los ingresos y lo efectivamente pagado, en el caso del gasto, el cual cuenta con un ejecutado que es siempre sustancialmente más alto, muestran con contundencia cómo este año, por efecto directo de la extensión de la cuarentena que comenzó el 20 de marzo el déficit fiscal ingresó en un tobogán, con aceleración de caída que aún no alcanzó su máximo. Claramente, del lado de los ingresos tributarios se observó el derrumbe en valores reales por la severa limitación de la movilidad social y suspensión de actividades en el sector productivo y comercial que derivaron en muchos casos cierre definitivo de establecimientos y pérdidas de puestos de trabajo, junto a suspensiones de personal con recorte de la nómina salarial, al no resultar suficiente la ayuda estatal. Mientras que del lado del gasto se agregaron no sólo las necesidades de medidas paliativas de ingreso para los sectores más vulnerables, con partidas de unos $80.000 millones para el Ingreso Familiar de Emergencia, del cual quedó en mayo un saldo impago de unos $10.000 millones; sino también refuerzos para las arcas provinciales y también a las empresas de servicios públicos, como contrapartida al congelamiento de tarifas, se elevaron 179% en los últimos 12 meses. Estos dos rubros representaron casi un tercio del aumento del déficit fiscal en ese período.
