Las calles del centro de Caracas se convirtieron en escenario de un forcejeo entre la esperanza de los trabajadores y la disciplina de los cuerpos de seguridad. Cerca de dos mil empleados públicos y jubilados marcharon con la intención de alcanzar Miraflores, pero el aire se llenó de gas lacrimógeno antes de que pudieran acercarse al palacio presidencial. La protesta, que rompió la rutina de silencios impuestos en los últimos dos años, fue una respuesta directa a la promesa vaga de la presidenta interina Delcy Rodríguez: un “incremento responsable” de salarios, sin cifras ni certezas. Los manifestantes lo leyeron como una burla. El telón de fondo es un país donde el salario mínimo oficial equivale a centavos de dólar y donde la inflación supera el 600%. Los bonos estatales, que elevan el ingreso a unos 150 dólares, no alcanzan frente a una canasta básica que ronda los 645. “Esto es hambre disfrazada de política”, resumió Mauricio Ramos, jubilado de 71 años, con voz quebrada por la indignación. Rodríguez gobierna desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. Su interinato se sostiene entre presiones de Washington, reformas petroleras que abren la puerta a capitales extranjeros y la promesa de una ley de amnistía. Pero en la calle, lo que se exige es pan y dignidad. “Un sueldo digno ya”, reclamó Mariela Díaz, otra jubilada, convencida de que la protesta, aunque contenida, logró resonar más allá de Caracas. La última vez que se tocó el salario fue en 2022, cuando Maduro fijó un ingreso base de 28 dólares. Desde entonces, los sindicatos hablan de “salarios de hambre” y de un país donde incluso los uniformados que contienen las marchas comparten la precariedad. “¡El policía también es mal pagado!”, coreaban los manifestantes mientras retrocedían, envueltos en la nube de gas.
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