Teherán amaneció con un poder desplazado. La Guardia Revolucionaria Islámica, declarada organización terrorista por el gobierno de Javier Milei, se instaló como árbitro absoluto del Estado iraní. En medio de la guerra y la incertidumbre sobre la salud del nuevo guía supremo, Mojtaba Jamenei, el presidente Masoud Pezeshkian quedó reducido a un espectador sin voz ni voto. El comandante Ahmad Vahidi, jefe de la IRGC, clausuró de hecho la autoridad presidencial: vetó nombramientos, blindó el ministerio de Inteligencia y levantó un cerco de seguridad alrededor del núcleo de poder. Las decisiones del Ejecutivo no llegan al búnker del líder supremo, que desde su designación sólo envía mensajes escritos, alimentando sospechas sobre su estado físico. Un consejo militar integrado por altos oficiales maneja la maquinaria del régimen. “La Guardia Revolucionaria tiene ahora la última palabra en todos los asuntos de Estado”, advirtió el analista Ali Vaez, del Crisis Group. La oposición en el exilio, a través de Irán Internacional, confirma que Pezeshkian pidió en vano reunirse con Jamenei: sus solicitudes nunca obtuvieron respuesta. La Casa Blanca observa con alarma. La estrategia de Washington y Tel Aviv, que apostaba a que la eliminación de Ali Jamenei desestabilizaría al régimen, parece haber fortalecido a los sectores más duros. Axios sintetizó el dilema: la decapitación de la cúpula no suavizó la postura antiestadounidense ni abrió espacio para la libertad interna. Por el contrario, la Revolución Islámica sobrevive maltrecha, pero envalentonada. Israel y los países del Golfo temen que Donald Trump opte por cerrar la guerra sin desmantelar el régimen, dejando a la Guardia Revolucionaria con más poder que nunca y a los mercados petroleros en crisis tras el cierre del estrecho de Ormuz. En ese tablero, la pregunta no es quién gobierna Irán, sino cuánto tiempo podrá resistir el mundo a un país conducido por generales.
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