La Casa Rosada presentó una apelación contra la medida cautelar que detuvo el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de que la Justicia Federal revoque el fallo emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo de Mariano López. La resolución había sido dictada tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que advertía sobre posibles impactos en el acceso al agua potable y en obras de saneamiento en 26 municipios de la provincia. Desde el Ejecutivo cuestionan la legitimidad de la Defensoría provincial para intervenir en decisiones de carácter federal y remarcan que la Corte Suprema ya se pronunció en reiteradas ocasiones sobre este punto. AySA sostiene que una defensoría local no puede bloquear judicialmente un proceso definido por el Estado nacional sobre una empresa bajo órbita federal. El oficialismo también apunta contra la base técnica del fallo: asegura que la cautelar se apoya en riesgos hipotéticos sin respaldo científico ni regulatorio, y que no existen incumplimientos efectivos que justifiquen paralizar el proceso. En contraste, la Defensoría bonaerense había planteado que la privatización podía comprometer la expansión de redes, la infraestructura y la protección ambiental. El Gobierno defiende el esquema como una “modernización estratégica” que busca garantizar un servicio eficiente, sustentable y universal, bajo controles permanentes de los organismos reguladores. El plan oficial contempla la venta del 90% de las acciones estatales de AySA, reservando el 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto, con la intención de incorporar un operador estratégico nacional o internacional. AySA forma parte de un paquete más amplio de privatizaciones que incluye Belgrano Cargas, Intercargo, Correo Argentino, Corredores Viales, la Hidrovía y activos energéticos. En Balcarce 50 sostienen que la transferencia de empresas públicas al sector privado apunta a reducir la participación estatal, atraer inversiones y mostrar resultados de gestión antes del calendario electoral. La última palabra quedará en manos de la Justicia Federal, que deberá resolver si la cautelar se mantiene o si el proceso de privatización recupera su curso original.
Compartir
