El fiscal federal Gerardo Pollicita puso bajo la lupa al exjefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, al exigirle explicaciones sobre un patrimonio que, según los informes técnicos, creció de manera difícil de justificar. La investigación, impulsada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), detectó movimientos económicos que superan los cuarenta millones de pesos y los cuatrocientos mil dólares, cifras que no encuentran respaldo en los ingresos lícitos del grupo familiar. El requerimiento judicial abre un plazo de quince días en el que Adorni deberá responder veinte preguntas precisas. No se trata de meras formalidades: la fiscalía quiere saber de dónde provienen los dólares en efectivo que declaró, cómo financió la compra de un Jeep y de un lote en el Country Indio Cua, qué origen tuvieron los fondos para remodelar su vivienda y adquirir muebles, y cuál fue la fuente del dinero que le permitió comprar un inmueble en la calle Miró. También deberá justificar los gastos vinculados a viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y matrículas escolares. El expediente revela además un patrón llamativo: el uso reiterado de terceros para adquirir bienes y realizar pagos en nombre suyo y de su familia, operaciones que luego eran reintegradas con dinero en efectivo. A ello se suman acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación, movimientos que no provienen de organismos estatales ni de transferencias entre sus propias cuentas. La intimación de Pollicita marca un nuevo capítulo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y coloca a Adorni en el centro de un escenario político y judicial delicado. En los próximos días, el exfuncionario libertario deberá dar respuestas convincentes o enfrentar el avance de una investigación que ya ha dejado en claro que las inconsistencias patrimoniales no pasarán inadvertidas.
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