La capital boliviana vivió una nueva jornada de convulsión política. El centro de La Paz quedó paralizado por marchas multitudinarias que reclamaron la dimisión del presidente Rodrigo Paz, mientras las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos para contener el avance hacia la Plaza Murillo, epicentro del poder estatal. La fiscalía general del Estado anunció la emisión de una orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), a quien el gobierno señala como uno de los principales articuladores de la protesta. El fiscal general Roger Mariaca justificó la medida en informes policiales y de inteligencia, así como en denuncias del Ministerio de Gobierno. Los manifestantes, identificados por el oficialismo como seguidores del expresidente Evo Morales, ratificaron su rechazo al diálogo convocado por el Ejecutivo y reiteraron la exigencia de renuncia de Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). La crisis se originó hace dos semanas con demandas sindicales de un incremento salarial del 20% y derivó en bloqueos de rutas que han provocado desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicinas en la capital. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que algunos grupos han escalado hacia el “uso de armas”, señalando a facciones radicales como los Ponchos Rojos, vinculados a sectores aimaras del altiplano. En redes sociales circuló un video en el que se observa a militantes mostrando armamento antiguo y proclamando consignas de “guerra civil”. La Plaza Murillo permanece bajo fuerte resguardo policial y militar, mientras la tensión política se profundiza. El gobierno enfrenta el desafío de contener una movilización que combina reclamos sociales con la presión de sectores opositores, en un escenario que amenaza con desbordar los cauces institucionales.
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