El Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza cerró uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años al declarar culpable al exjuez federal Walter Bento por haber encabezado un esquema sistemático de cobro de sobornos desde su propio juzgado. La resolución llegó luego de casi dos años de audiencias, análisis de pruebas y declaraciones testimoniales, y marcó el final de la etapa de debate en una causa que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Justicia Federal mendocina. La audiencia se desarrolló en los Tribunales Federales de Mendoza, donde primero se escucharon las últimas palabras de varios imputados y, tras un receso, las magistradas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira dieron a conocer el fallo. Con el veredicto ya firme, el proceso entra ahora en la instancia de cesura, en la que la fiscalía y las defensas discutirán el monto de las penas. La presidenta del tribunal subrayó que se trató del expediente más complejo abordado por ese cuerpo judicial, tanto por la cantidad de hechos investigados como por la magnitud de las pruebas y testimonios. También destacó la singularidad de juzgar a un excolega: “No fue una decisión sencilla, pero se actuó con profesionalidad e imparcialidad. El Poder Judicial no está por encima de la ley”, sostuvo. Según el fallo, Bento diseñó durante años una estructura patrimonial destinada a ocultar el origen de sus bienes, utilizando a familiares como titulares formales para disimular su verdadero patrimonio. El exmagistrado llegó al veredicto detenido, bajo prisión preventiva, en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, donde permanece desde noviembre de 2023, tras haber sido destituido por el Jurado de Enjuiciamiento luego de un proceso impulsado por el Consejo de la Magistratura. La acusación lo señala como jefe de una organización ilícita involucrada en al menos 14 o 15 episodios de cohecho, además de imputarlo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para la fiscalía, desde 2007 el juzgado que conducía ofrecía beneficios procesales como libertades, sobreseimientos o calificaciones más benignas a cambio de dinero, vehículos de alta gama o inmuebles. De acuerdo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el circuito de sobornos habría movilizado al menos 1.7 millones de dólares. A lo largo del debate se revisaron cientos de miles de fojas, grandes volúmenes de evidencia digital y declararon alrededor de 300 testigos. El proceso también alcanza al entorno familiar de Bento. Su esposa, Marta Boiza, enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, mientras que su hijo mayor, Nahuel Bento, está acusado de maniobras ilegales de blanqueo de capitales. En el caso de otro de sus hijos, Luciano Bento, la fiscalía retiró la acusación por lavado, y el tribunal deberá definir si corresponde su absolución.
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