En un movimiento que marca un nuevo capítulo en la disputa por el rumbo de las relaciones laborales, el Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria a cámaras empresarias y sindicatos para revisar los 446 convenios colectivos de trabajo alcanzados por la reciente reglamentación de la reforma laboral. La administración busca una reconfiguración estructural del mapa sindical y empresarial, con el objetivo de instalar un esquema de negociación descentralizado y adaptado a la productividad de cada sector. “Se trata de fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos modernos y previsibles”, subrayó la cartera en un comunicado. El llamado se apoya en los decretos 407 y 408, que habilitan la negociación por empresa, reducen aportes gremiales y eliminan la llamada ultraactividad, es decir, la prórroga automática de convenios vencidos. El plazo para que las nuevas condiciones entren en vigor es el 1 de enero de 2027, con cambios sensibles: banco de horas en reemplazo de horas extra, extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y un “salario dinámico” vinculado a la productividad. La Secretaría de Trabajo será la encargada de relevar los avances y homologar los acuerdos, mientras los gremios ya anticiparon resistencia: advierten que la reforma implica una “pérdida de derechos” y no descartan un nuevo paro general ni acciones judiciales. El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa con un mensaje directo: “Representación sindical sí, monopolios eternos no”. Con esa frase, el Gobierno busca instalar la narrativa de que la reforma no es un retroceso, sino un intento de quebrar estructuras rígidas y abrir paso a un sindicalismo competitivo. La pulseada recién comienza: empresarios y sindicatos deberán sentarse a la mesa en un escenario donde el Ejecutivo apuesta a consolidar su proyecto de modernización laboral, mientras las organizaciones gremiales se preparan para dar batalla en la calle y en los tribunales.
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