La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia de presión sobre Venezuela al imponer sanciones contra la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), señalada por Washington como una pieza clave en la cooperación militar entre Caracas y Teherán. La medida se conoció apenas 24 horas después de que la Casa Blanca informara sobre una operación terrestre limitada en territorio venezolano. El paquete de sanciones alcanza a diez personas y entidades radicadas en Venezuela e Irán, entre ellas el presidente de EANSA, el militar José Jesús Urdaneta, a quien Estados Unidos acusa de coordinar la producción y ensamblaje local de drones de origen iraní. Según el Departamento del Tesoro, la empresa estatal venezolana cumple funciones centrales en el mantenimiento y supervisión del armado de vehículos aéreos no tripulados Mohajer, desarrollados por la compañía iraní Qods Aviation Industries, con la que mantiene vínculos comerciales desde hace casi dos décadas. Washington sostiene además que EANSA participó en operaciones de compraventa por montos millonarios de drones Mohajer-6, utilizados para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, con capacidad de combate. En el mismo comunicado, la Casa Blanca advirtió que la transferencia sostenida de armamento iraní hacia Venezuela “representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental”, y anticipó que se utilizarán “todas las herramientas disponibles” para frenar ese flujo. Las sanciones también incluyen a ciudadanos iraníes acusados de facilitar insumos químicos destinados al desarrollo de misiles balísticos, así como a empresas y directivos vinculados al conglomerado tecnológico Rayan Fan Kav Andish, previamente sancionado por su rol en programas militares sensibles de la República Islámica. El castigo financiero implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier tipo de transacción con ciudadanos o empresas de Estados Unidos, profundizando el aislamiento internacional de los involucrados. Estas decisiones se inscriben en una escalada sostenida de tensión. Desde agosto, Washington mantiene un despliegue aeronaval reforzado en el Caribe, oficialmente orientado a combatir el narcotráfico, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lo interpreta como una maniobra de intimidación y un intento de desestabilización política. El clima se agravó en las últimas semanas con el bloqueo a buques petroleros sancionados que operan desde y hacia Venezuela y con el anuncio de un ataque a infraestructura portuaria venezolana, que Estados Unidos vincula a redes de tráfico ilegal. En paralelo, el frente iraní también suma fricciones. Trump intentó relanzar un acuerdo nuclear al inicio de su segundo mandato, pero las conversaciones colapsaron en junio. Ese mismo mes, Estados Unidos acompañó ofensivas israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, consolidando un escenario de confrontación directa que ahora impacta de lleno en la alianza estratégica entre Teherán y Caracas.
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