El Gobierno nacional confirmó que la reforma laboral que enviará al Congreso no incluirá los artículos que afectaban directamente las finanzas y el poder estructural de los gremios. En la Casa Rosada aseguran que la reforma sindical “no es una prioridad” y que el objetivo central es descomprimir la tensión con la CGT para garantizar el avance legislativo del proyecto. “El foco está puesto en la creación de empleo. No habrá cambios sobre los sindicatos”, repiten en el Ejecutivo, mientras la mesa política de La Libertad Avanza apuesta a obtener media sanción en el Senado antes del 30 de diciembre, para que Diputados retome el debate después del 15 de enero. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, concentrará la conducción de las negociaciones en la Cámara Alta. La ministra pretende presidir temporalmente la Comisión de Trabajo y Previsión Social hasta febrero, para luego devolver la titularidad a la senadora Carmen Álvarez Rivero. El documento final, que será enviado hoy al Senado, incorpora varias modificaciones respecto de los borradores previos. Uno de los puntos más sensibles que el Gobierno decidió retirar es la limitación a la cuota solidaria sindical, un mecanismo central para la recaudación gremial. La CGT había rechazado de plano este artículo y mantuvo conversaciones con distintos funcionarios durante las últimas semanas para lograr su exclusión. En paralelo, el texto final incorpora la prelación del convenio por empresa por sobre el convenio por actividad, aunque con una salvedad: esos acuerdos sólo podrán ser firmados por sindicatos con personería gremial. Con esta cláusula, quedan fuera delegados y comisiones internas. El Ejecutivo evita definiciones sobre la restricción de la ultraactividad de los convenios colectivos, uno de los temas que más preocupa a la central obrera. La última versión del proyecto agrega una disposición transitoria: la Secretaría de Trabajo deberá convocar, dentro de un año, a las partes para negociar o ratificar cláusulas de convenios vencidos. Tampoco está confirmada la inclusión de la tipificación de bloqueos o tomas de establecimientos como infracción laboral, ni la reglamentación estricta del derecho de huelga, inspirada en el DNU impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.
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