En un hecho sin precedentes en la historia reciente de Cuba, el Tribunal Supremo Popular (TSP) comenzó el juicio contra Alejandro Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía, acusado de corrupción, espionaje y otros graves delitos. El proceso está a cargo de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado de la máxima instancia judicial de la isla y se desarrolla a puertas cerradas, con acceso restringido únicamente a las partes y a las personas autorizadas por el tribunal, según informó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC). Gil Fernández, de 61 años, se encuentra en prisión preventiva desde febrero de 2024, cuando fue destituido de sus cargos y separado de la Asamblea Nacional y del Comité Central del PCC. La Fiscalía General de la República lo imputó por espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de normas de protección de documentos clasificados y sustracción de documentos en custodia oficial. Considerado durante años como una de las figuras más influyentes del gobierno de Miguel Díaz-Canel, Gil Fernández fue clave en la implementación de la reforma económica conocida como “Tarea Ordenamiento”, que en 2021 unificó el peso convertible (CUC) con el peso cubano (CUP). También lideró medidas de apertura parcial al sector privado, autorizando la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), prohibidas durante más de cinco décadas. “Tuvo un gran poder. No sólo fue ministro, sino también viceprimer ministro para el área económica. Atendía el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Tenía realmente un poder extraordinario”, explicó el economista Omar Everleny, profesor titular de la Universidad de La Habana y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Pese a su influencia, Everleny subrayó que Gil no controlaba todos los resortes económicos del país: “Parte del poder económico en Cuba no estaba en sus manos porque existe GAESA, el grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, que domina sectores estratégicos como el turismo, las tiendas en divisas y las aduanas”. La caída de Gil Fernández recuerda a otros casos de altos funcionarios cubanos que perdieron sus cargos en medio de escándalos políticos, como el exvicepresidente Carlos Lage y el excanciller Felipe Pérez Roque, destituidos en 2009, o el exministro Roberto Robaina, separado en 1999. Sin embargo, a diferencia de ellos, ninguno enfrentó prisión. El juicio contra Gil Fernández podría marcar un punto de inflexión en la política interna de Cuba, al involucrar por primera vez a una de las figuras más cercanas al actual mandatario en un caso judicial por espionaje y corrupción.
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