En medio de un clima de conflicto entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la Asociación del Personal Legislativo (APL), el Senado retomó el debate sobre la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo (Córdoba). La comisión analiza el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 9 de octubre, que introdujo modificaciones a la ley vigente. La votación en la Cámara Baja contó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, pero el artículo que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los DNU no alcanzó la mayoría absoluta: obtuvo 127 votos a favor, dos menos de los necesarios. El Senado deberá resolver si acepta la versión aprobada por Diputados o si insiste con su propio texto, que dispone que un DNU pierde vigencia si no es ratificado expresamente por ambas cámaras en un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial. Si la comisión emite dictamen, el proyecto podría llegar al recinto antes del 30 de noviembre, fecha límite del actual período parlamentario, y previo al recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando ingresarán nuevos senadores, entre ellos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará el bloque de La Libertad Avanza, que contará con 21 integrantes. En caso de que la oposición logre aprobar la modificación, el presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley, al considerar que los DNU son una herramienta esencial de su gestión. Tras el recambio legislativo, el oficialismo y sus aliados superarían el tercio de ambas cámaras, lo que dificultaría a la oposición reunir los dos tercios necesarios para revertir un eventual veto presidencial. Paralelamente, el Senado atraviesa una fuerte tensión sindical. El gremio APL, que conduce Norberto Di Próspero, realizó una movilización en el Palacio Legislativo para denunciar “persecución política e ideológica” por parte de las autoridades administrativas de la Cámara Alta. El conflicto se originó tras el intento de desplazar a la directora de Personal, Mónica Nieto, y las denuncias de “aprietes y amenazas de denuncias falsas” contra dos colaboradoras de Villarruel: Alejandra Figini (Recursos Humanos) y María Eugenia Tasende (Auditoría). Durante el acto, Di Próspero advirtió que, si continúa el hostigamiento, “la próxima medida será tomar el recinto”, y pidió valorar el trabajo del personal legislativo. En medio de la disputa, Villarruel firmó el 30 de octubre una reestructuración administrativa del Senado y ordenó recategorizar a los empleados de las categorías inferiores, además de estudiar la implementación de un premio al presentismo. Las medidas buscan contener el conflicto, mientras el Senado se prepara para un cierre de año marcado por la tensión política, sindical y legislativa.
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