El juez federal Julián Ercolini dio el primer paso en la causa por la filtración de audios de Karina Milei y corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que defina si corresponde abrir una investigación por espionaje ilegal contra la secretaria General de la Presidencia. La denuncia había sido presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, quien calificó la difusión de los registros como “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional”. Según el escrito, las grabaciones habrían sido obtenidas y editadas de manera clandestina con fines políticos, en la antesala de las elecciones legislativas. El Gobierno solicitó como medida cautelar urgente la prohibición de nuevas publicaciones, así como allanamientos y peritajes digitales para determinar el origen, la manipulación y la cadena de custodia del material. El Ejecutivo argumentó que la filtración busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar a la población, desestabilizar la política económica y condicionar el proceso electoral”. Incluso vinculó el episodio a un escenario internacional de operaciones de desinformación, citando casos recientes en países europeos y la presencia de “redes de espías rusos” en Argentina. En paralelo, la Casa Rosada trabaja para verificar si los audios fueron intervenidos digitalmente. En una de las grabaciones, Milei hace referencia a tensiones internas en el oficialismo bonaerense durante el cierre de listas; en otra, menciona su extensa jornada laboral en la Casa Rosada. La denuncia sostiene que la maniobra viola artículos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional y advierte que “naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como libertad de prensa”. Además, el Gobierno consideró que cada nueva difusión de audios constituiría una prolongación del delito inicial dentro de una estrategia de “rumores, filtraciones y especulación política”. Ahora, será el fiscal Stornelli quien defina si avanza la investigación penal por espionaje ilegal, en un caso que el Ejecutivo califica de “gravedad institucional” y que busca instalarse como una advertencia de cara al proceso electoral.
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