El Gobierno nacional decidió postergar la definición sobre más de 500 cargos vacantes en el Poder Judicial, incluida la renovación de miembros de la Corte Suprema. El proceso de selección y envío de pliegos se reactivará recién después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un intento por reorganizar el tablero político y buscar acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición y algunos gobernadores. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo había anunciado el envío de un listado con vacantes en la Justicia, pero esos documentos nunca llegaron al Senado, órgano responsable de darles tratamiento. Sólo avanzó con el envío separado de los pliegos para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema, proponiendo a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos ministros. Sin embargo, ese intento fue bloqueado por la mayoría kirchnerista en la Cámara Alta. Según datos del Consejo de la Magistratura, actualmente existen 184 vacantes en juzgados federales y 127 en otras competencias. Además, se suman 161 cargos de fiscales sin cubrir y 80 defensores públicos aún sin designar. En total, el sistema judicial argentino arrastra 552 vacantes que ralentizan los procesos y generan preocupación dentro del propio Poder Judicial. Ante este panorama, funcionarios cercanos al presidente, entre ellos Santiago Caputo, asesor presidencial, y Sebastián Amerio, secretario de Justicia, evalúan estrategias para destrabar el conflicto. Uno de los caminos que baraja la Casa Rosada es negociar los pliegos con bloques opositores y referentes provinciales, sorteando así el peso del bloque kirchnerista, que tiene fuerza suficiente para bloquear cualquier iniciativa oficial que requiera dos tercios de los votos en el Senado. En ese marco, vuelve a tomar fuerza la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, una idea que el oficialismo nunca impulsó directamente, pero que algunos sectores del Gobierno ven con buenos ojos. “La Corte tiene que ser más representativa”, señalan en Balcarce 50, donde no descartan que el máximo tribunal pase de cinco a siete o incluso nueve miembros. La disputa también alcanza la Procuración General de la Nación, actualmente ocupada de forma interina por Eduardo Casal desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017. La designación de un nuevo Procurador, clave en el marco del nuevo Sistema Acusatorio que otorga mayor protagonismo a los fiscales, es otro de los temas pendientes que el Gobierno buscará reactivar después de octubre. Por ahora, la Casa Rosada apuesta a la pausa estratégica, a la espera de un escenario político más favorable para avanzar con los cambios en la Justicia.
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