El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó 700 efectivos militares en los estados de Florida, Texas y Luisiana, con el objetivo de reforzar los operativos contra migrantes indocumentados. Así lo confirmó el Departamento de Defensa mediante un comunicado oficial. Según el Pentágono, los militares no participarán en tareas de orden público, sino que prestarán “apoyo logístico y realizarán funciones administrativas asociadas con el procesamiento de migrantes indocumentados” en los centros de detención gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida se produce en un contexto de fuerte tensión social, tras una serie de protestas a nivel nacional en rechazo a las políticas migratorias impulsadas por Trump y el incremento de las detenciones de inmigrantes. Las primeras movilizaciones se registraron en Los Ángeles y, aunque mayormente pacíficas, algunas derivaron en enfrentamientos con la policía. En California, el despliegue de fuerzas federales ha sido motivo de enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las autoridades estatales. El gobernador demócrata Gavin Newsom se opuso a la presencia de la Guardia Nacional y su fiscal general demandó al Gobierno de Trump por considerar la decisión un abuso de poder. Una corte falló a favor del estado y ordenó el retorno del control de la Guardia Nacional a California, aunque ese fallo fue temporalmente bloqueado por un tribunal de apelaciones que prevé analizar el caso más a fondo. En contraste, los estados donde se concretó el reciente despliegue, Florida, Texas y Luisiana, están gobernados por mandatarios republicanos. En Texas, el gobernador Greg Abbott ya había ordenado la movilización de la Guardia Nacional la semana pasada, en previsión de protestas previstas para el fin de semana. Las marchas en ciudades como Houston, Dallas, San Antonio y Austin se desarrollaron de forma mayoritariamente pacífica, aunque con algunos momentos de tensión aislados.
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