El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar 700 kilómetros de las denominadas rutas del Mercosur, en el marco del proyecto “Red Federal de Concesiones – Etapa N°1”. Se trata del corredor vial nacional N°18, un tramo estratégico para la conexión entre la región del Litoral argentino y los países del bloque regional, fundamental para el comercio internacional. Este corredor había quedado en manos del Estado desde abril, tras la finalización de la concesión que durante más de 30 años tuvo la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa). Ahora, la gestión de Javier Milei lo eligió como el primer caso del proceso de privatización de rutas nacionales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de agosto a las 12 horas, mientras que ese mismo día, se realizará la apertura del sobre 1, con las ofertas técnicas de los interesados. Según la resolución 29 de la Secretaría de Transporte, la licitación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, así como la posibilidad de nuevas explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Además, se creó una Comisión de Concesiones, que evaluará las propuestas presentadas. Estará integrada por Raúl Ábalos Gorostiaga y Fernando Liendo como titulares, y Mariano Ignacio Plencovich, María Elisa Osano Cerdeña y Marcelo Bianchi como suplentes. El proceso forma parte del plan del Gobierno para concesionar una red más amplia de rutas. En ese marco, se avanzará con la Etapa 2 del proyecto, que contempla la licitación de más de 4.400 kilómetros actualmente operados por la empresa estatal Corredores Viales. Entre los tramos incluidos están las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, además de las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná en Rosario y sus alrededores. Como paso previo, se realizarán audiencias públicas, de forma presencial en las ciudades bonaerenses de San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás, tal como establece el procedimiento legal para avanzar con las concesiones. Con este proceso, el Gobierno busca reactivar la inversión privada en infraestructura vial y reducir el peso del Estado en el mantenimiento y gestión de las rutas nacionales.
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