El comercio exterior argentino se encuentra en un punto crítico. La decisión del presidente Javier Milei de desregular, mediante decreto, el servicio de practicaje y pilotaje portuario derivó en un conflicto inmediato con los trabajadores del sector, que paralizó la actividad en los principales puertos del país y encendió las alarmas en el empresariado. La Cámara de Navegación informó que más de 140 buques esperan autorización para operar, mientras que varias cargas fueron desviadas hacia Montevideo y Brasil, generando sobrecostos de hasta mil dólares por contenedor. La tensión se extiende al suministro energético: doce buques tanque permanecen detenidos, lo que amenaza con desabastecer de combustibles a distintas regiones. Los empresarios advierten que cada barco paralizado implica pérdidas diarias de entre 50.000 y 100.000 dólares. Gustavo Idígoras, referente de la agroindustria, reconoció que, si bien la reducción de costos portuarios es necesaria, la forma en que se implementó la medida provocó un estallido interno. Reclamó la intervención inmediata de la Prefectura para abrir una mesa de diálogo que permita destrabar el conflicto. La crisis no sólo golpea la economía interna: cámaras empresarias alertan que la imprevisibilidad operativa deteriora la imagen de Argentina como socio confiable en el comercio internacional, favoreciendo a competidores regionales como Brasil. El freno portuario interrumpe el ingreso de divisas, quiebra cadenas de suministro y expone al país a sanciones contractuales por incumplimiento de plazos. La medida, presentada por el Gobierno como un paso hacia la desregulación y la eficiencia, se transformó en un test político de gobernabilidad. La falta de negociación previa con los prácticos y el impacto inmediato en la economía colocan a la administración Milei frente a un dilema: sostener la reforma o abrir un canal de diálogo que evite que la crisis escale aún más.
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