La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) podría dar un paso histórico en la recuperación de fondos públicos al avanzar con acciones legales contra el exvicepresidente Amado Boudou y la exmandataria Cristina Fernández, según un informe de la Procuración del Tesoro que salió a la luz recientemente. El caso de Amado Boudou se centra en la devolución retroactiva de su jubilación de privilegio, percibida desde diciembre de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena en el caso Ciccone. El dictamen de la Procuración del Tesoro, firmado por Rodolfo Barra, respalda la postura de la ANSES, afirmando que la revocación de su asignación mensual vitalicia tiene efectos retroactivos. Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua por delitos de corrupción, podría enfrentar un reclamo superior a los 400 millones de pesos, considerando las sumas actualizadas y los intereses acumulados. En noviembre pasado, la ANSES ya había dado de baja la jubilación de Boudou, quien presentó un recurso de reconsideración para revertir la medida. Sin embargo, la Procuración considera que “nadie puede enriquecerse sin causa a costa del patrimonio estatal” y sostiene que el organismo tiene la potestad de recuperar los fondos percibidos indebidamente por el exfuncionario. Por otro lado, la ANSES también analiza una situación similar con Cristina Fernández, a quien se le adjudica un cobro indebido de un plus en su jubilación por “zona austral”. Según revelaciones, la exvicepresidente habría recibido esta bonificación, equivalente a $5.960.860 en noviembre, pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires y no en Río Gallegos, como exige la normativa. La polémica derivó en una denuncia penal presentada por la Fundación Apolo, que acusa a Fernández de fraude contra la administración pública. El Gobierno evalúa dos posibles escenarios para el reclamo. En el primero, se exigiría la devolución del plus desde noviembre de 2023, cuando se confirmó la condena por la causa Vialidad. En el segundo, más amplio, se reclamaría la totalidad de los pagos realizados desde 2009, cuando se habría iniciado la maniobra de desvío de fondos públicos hacia el empresario Lázaro Báez, según las investigaciones judiciales. Ambos casos evidencian el esfuerzo de la ANSES por recuperar fondos que, según el organismo, fueron asignados de manera indebida. La decisión final dependerá de las consultas con la Procuración del Tesoro y la estrategia administrativa o judicial que se adopte en las próximas semanas.
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