El Poder Ejecutivo analiza modificaciones al proyecto de Ficha Limpia para incluir la inhabilitación de funcionarios públicos con sentencias definitivas por corrupción. Según fuentes oficiales, la comisión que Javier Milei ordenó que se conformara, está afinando detalles del artículo 4 del borrador, que propone incorporar estas medidas a través de cambios a la Ley de Empleo Público (25.164). Esto afectaría a miembros del gabinete, secretarios, funcionarios de segunda línea y presidentes de empresas estatales, entre otros. El texto del proyecto de Ley propone que cualquier persona condenada por corrupción “no pueda ser designada ni desempeñarse en la Administración Pública Nacional, aplicando los mismos criterios de inhabilitación que para las candidaturas electorales”. Asimismo, busca crear un registro nacional de ficha limpia, un archivo documental que registre las sentencias por corrupción, sin necesidad de crear nuevas áreas o direcciones en la estructura estatal. La iniciativa también plantea modificar el artículo 61 del Código Nacional Electoral, eliminando la exigencia de “sentencias firmes” para inhabilitar candidatos, abriendo la posibilidad de aplicar las restricciones a condenas definitivas apelables. Además, incluye reformas a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) para impedir la postulación de personas condenadas por delitos como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue reemplazado en la coordinación de la comisión por el ministro de Defensa, Luis Petri. También participan de las discusiones el abogado Alejandro Fargosi, la diputada del PRO Silvia Lospennato y el licenciado en Administración Gastón Marra. La Casa Rosada evalúa adelantar la convocatoria a sesiones extraordinarias al mes de enero para avanzar con el debate. Dentro del Gobierno existen posturas divididas sobre la constitucionalidad del proyecto. Mientras un sector más ortodoxo considera que la medida podría ser inconstitucional, los funcionarios de perfil dialoguista sostienen que es fundamental avanzar con la propuesta. En este contexto, la Casa Rosada no logró reunir los votos necesarios para impulsar el tratamiento en noviembre, aunque mantiene su intención de avanzar en las sesiones extraordinarias. A pesar de la ratificación en noviembre de la condena a seis años contra la expresidente Cristina Kirchner por la causa Vialidad, desde el Ejecutivo aseguran que el proyecto no busca impedir su participación en las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, sectores políticos y judiciales advierten sobre las posibles irregularidades que estas reformas podrían generar en las provincias de cara a los comicios. El debate sobre Ficha Limpia se proyecta como un tema central en la agenda legislativa de 2025, marcando un nuevo capítulo en la discusión sobre transparencia y ética en la función pública.
Compartir
