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La Justicia propinó dos nuevos reveses a la expresidente y actual líder de Unión por la Patria, Cristina Fernández. En primer lugar, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió reabrir una investigación sobre presuntas inconsistencias en su patrimonio declaradas entre 2010 y 2014. En segundo lugar, la Corte Suprema ratificó que deberá enfrentar un juicio oral por encubrimiento agravado en relación con el memorándum de entendimiento con Irán. La Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, revocó el archivo de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión había sido tomada en junio pasado por el juez Julián Ercolini, tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Sin embargo, los camaristas ordenaron realizar un peritaje contable para analizar el patrimonio de Fernández, haciendo lugar al recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF). “La hipótesis de enriquecimiento ilícito implica un incremento patrimonial desproporcionado e injustificado, acompañado de omisiones o irregularidades en las declaraciones juradas”, sostiene el fallo judicial. El tribunal determinó que el juez Ercolini deberá establecer los puntos específicos del peritaje. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia confirmó que la expresidente deberá someterse a juicio oral por encubrimiento agravado, en el marco de la causa vinculada al atentado contra la AMIA y el polémico acuerdo con Irán. Este memorándum, que buscaba cooperación judicial para esclarecer el ataque terrorista, fue señalado como un intento de encubrimiento de los responsables del atentado. El caso, originalmente denunciado por el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte en enero de 2015, vuelve a adquirir relevancia. La decisión de la Corte también refuerza las acusaciones previas y deja a Cristina Fernández expuesta no sólo a sanciones penales, sino también a un impacto político y moral significativo. Este nuevo panorama judicial representa un desafío para la exmandataria, quien ya fue condenada en la causa Vialidad por corrupción, con una pena confirmada por la Cámara de Casación. La reapertura de las investigaciones y el juicio por encubrimiento profundizan su situación judicial en un contexto político marcado por un fuerte contraste con el actual gobierno de Javier Milei, alineado con Estados Unidos e Israel.

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