La Justicia peruana dictó una sentencia de 20 años y seis meses de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo, quien fue hallado culpable de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de obras durante su mandato (2001-2006). La decisión fue tomada por la Corte Superior en una audiencia en la que estuvo presente el exmandatario, de 78 años, quien enfrenta problemas de salud debido al cáncer que padece. Toledo fue acusado de haber recibido 35 millones de dólares de Odebrecht como parte de un acuerdo para adjudicar la construcción de un tramo de la carretera Interoceánica, que conecta Brasil con el sur de Perú. El costo inicial de la obra era de 507 millones de dólares, pero finalmente el país terminó pagando más de 1255 millones. La jueza encargada del caso lo consideró culpable de los delitos de colusión y lavado de activos, y además le impuso una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos. El exmandatario, quien ha estado en prisión preventiva desde abril de 2023, negó las acusaciones y en una audiencia reciente pidió a los jueces que lo dejaran curarse o morir en su casa, dada su delicada condición de salud. “Les pido por favor, déjenme curar o morir en mi casa”, imploró Toledo, con la voz quebrada y las manos juntas. Sin embargo, la Corte no atendió su solicitud. Este es el segundo expresidente peruano condenado por corrupción tras el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue sentenciado en 2009. Además, otros tres exmandatarios peruanos están siendo investigados por sus vínculos con Odebrecht: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el fallecido Alan García (2006-2011), quien se quitó la vida en 2019 al ser acorralado por las investigaciones. El caso Odebrecht ha dejado al descubierto la profunda crisis de corrupción en la clase política peruana, con investigaciones que comenzaron en 2016, cuando la constructora admitió ante las autoridades estadounidenses haber sobornado a funcionarios de varios países latinoamericanos, incluido Perú, para obtener lucrativos contratos de infraestructura.
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