El Gobierno nacional se encuentra trabajando en un decreto para traspasar a la gestión de Jorge Macri el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), una decisión que generó tensiones y acusaciones de ilegalidad por parte del equipo de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que “se están acordando los principales puntos del traspaso” con CABA y destacó que las conversaciones entre Jorge Macri y el presidente Javier Milei “siempre fueron excelentes”. Según Adorni, se esperan novedades en los próximos días, en tanto que Néstor Grindetti, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que se está trabajando en una ley que ratifique el acuerdo entre Ciudad y Nación para oficializar el traspaso de las 31 líneas. A partir del 1 de septiembre, el Ejecutivo sólo se hará cargo de las subvenciones de las 113 líneas de colectivos que cruzan la provincia de Buenos Aires y CABA, consideradas de jurisdicción nacional. Sin embargo, la medida aún no fue oficializada en el Boletín Oficial, lo que mantiene en suspenso el proceso. Desde el gobierno porteño, el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua, pidió un plazo de seis meses para organizar el traspaso de las líneas de colectivos, argumentando que “se necesita tiempo para implementar las medidas necesarias, ya que deben pasar por la Legislatura”. En contraste, el gobierno bonaerense liderado por Kicillof expresó su oposición firme a la medida. Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, reiteró que la provincia no tiene potestad sobre el transporte en CABA y calificó la decisión de Nación como “ilegal”. Según D’Onofrio, “no es una cuestión de presupuesto, sino que no hay una herramienta jurídica para sostenerlo”. Además, enfatizó que la medida está en pleno proceso administrativo, con el objetivo de que Nación reconsidere su posición. Mientras tanto, las empresas de transporte se mantienen a la espera de un acuerdo. Sin embargo, han advertido que, de no llegar a una solución, “se verán obligadas a reducir servicios durante los fines de semana y feriados, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio”. La situación continúa generando incertidumbre y tensión entre las distintas partes involucradas, mientras se espera que en los próximos días se oficialice la medida y se despejen las dudas sobre el futuro del transporte público en CABA.
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