Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que a partir de septiembre se intensificarán las reducciones en las frecuencias de los servicios nocturnos y de fines de semana. Esta medida se enmarca en el conflicto entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño por la financiación de los subsidios al transporte en la región. En un comunicado conjunto, las cámaras empresariales del sector advirtieron que la continuidad de los servicios está en riesgo debido a la falta de acuerdo entre las distintas jurisdicciones del AMBA (Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) sobre la cobertura de los subsidios para las líneas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Además, señalaron la falta de actualización de la estructura de costos utilizada para calcular los subsidios y el sub-reconocimiento en el cálculo de los costos de inversión en nuevas unidades, lo que, según denuncian, presenta una “brecha mayor al 100%”. A pesar del reciente aumento del 37% en la tarifa a partir del 12 de agosto, los empresarios subrayan que este ajuste “no tiene un impacto positivo en las finanzas de las empresas”, ya que se trata de un mecanismo que el regulador utiliza para reducir los subsidios: “Entre tarifa y subsidios, los operadores recibimos $862 en promedio por viaje, cifra que está lejos de cubrir las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA”, indicaron en el comunicado. Ante este panorama, las empresas de colectivos decidieron reducir aún más los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, medida que se suma a las reducciones ya implementadas en los últimos meses, las que provocaron la pérdida de un 5% de las frecuencias. “Esta crisis no es nueva, pero se agravó desde la salida de la pandemia, y no logra recomponerse”, señalaron. Asimismo, las empresas advirtieron sobre la posible pérdida de puestos de trabajo, afirmando que “no podremos garantizar la continuidad de las fuentes laborales hasta tanto se resuelva cómo y quién paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores y moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios”. El comunicado también denunció la distribución irregular de los subsidios, que favorece al Grupo DOTA, el que habría recibido más de 30.000 millones de pesos en fondos públicos de manera indebida desde 2022. Aunque las actuales autoridades reconocieron esta situación y se comprometieron a corregirla, las empresas consideran que el daño ya contribuyó a agravar la crisis del sector.
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