Un nuevo capítulo se desplegó en la pulseada eterna entre el poder estatal y los intereses empresariales. En la Secretaría de Transporte, el Gobierno recibió a las cinco cámaras de colectivos del AMBA con un objetivo inmediato: apagar el incendio que provocó la reducción de frecuencias y el malestar de miles de pasajeros. La promesa fue concreta: esta misma semana habrá un refuerzo de fondos para saldar deudas que los empresarios calculan en 120.000 millones de pesos. El encuentro no se limitó a números. Los funcionarios, encabezados por Fernando Herrmann, desplegaron un plan de acción que busca reordenar un sistema que hace agua en lo operativo y lo económico. Se habló de recorridos, de costos, de cómo transparentar la gestión y de cómo garantizar que el servicio responda a la demanda real. Los empresarios, con nombres propios y rostros visibles, Luciano Fusaro, Oscar Álvarez, Roberto Rodríguez, Daniel De Ingeniis y Daniel Tenisci, escucharon, negociaron y se comprometieron a sostener la mayor cantidad de servicios posibles con los recursos disponibles. La política, sin embargo, nunca se reduce a tecnicismos. El gesto de transferir fondos es también un mensaje: el Gobierno intenta recuperar la iniciativa frente a un conflicto que amenaza con convertirse en crisis social. La mesa de diálogo, que volverá a reunirse en quince días, se erige como un espacio de tregua, donde cada parte mide sus fuerzas y calibra sus concesiones. El telón de fondo es claro: la provincia de Buenos Aires también se mueve en paralelo, ajustando la estructura de costos del segundo cuatrimestre y priorizando el empleo. En ese tablero, los colectivos del AMBA son mucho más que un servicio público: son un termómetro de gobernabilidad. Y en la crónica de este martes, el Gobierno eligió el camino del desembolso urgente para evitar que la calle hable más fuerte que los despachos oficiales.
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