Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el panorama de las protestas sociales en Argentina experimentó un cambio significativo. Las tradicionales movilizaciones piqueteras, caracterizadas por los cortes de calles, disminuyeron a su mínima expresión en los últimos nueve meses. Aunque persisten los reclamos, las marchas ahora se realizan sin interrumpir el tránsito, marcando un giro en la estrategia de las organizaciones sociales. Eduardo Belliboni, uno de los dirigentes de izquierda más prominentes, continúa reclamando por alimentos para los comedores populares, pero lo hace desde la vereda del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad de Buenos Aires, evitando los cortes de calle. Esta transformación ha generado convocatorias más pequeñas y un visible desencanto en las bases movilizadas, quienes, según varios dirigentes sociales, perdió la confianza en sus líderes. La administración Milei implementó un protocolo antipiquetes que fue respaldado por distintas instancias judiciales. La ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que “circular por el país parecía imposible” antes de la adopción de estas medidas. Ahora, se permite la protesta, pero sin afectar la libre circulación. El gobierno también habilitó la Línea 134 para que los beneficiarios de planes sociales denuncien coacciones para asistir a movilizaciones. Por otro lado, la ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello, lideró una serie de auditorías que revelaron graves irregularidades en la distribución de alimentos destinados a los sectores más vulnerables. Como resultado, se eliminó la tercerización de los bolsones de comida y se implementó la tarjeta Alimentar Comunidad, asegurando una distribución directa y eficiente. También se desplazó a varios dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que ocupaban cargos en el ex Ministerio de Desarrollo Social, debilitando el poder de estas organizaciones. Desde la Casa Rosada, se interpreta que estas políticas “no sólo mejoraron la eficiencia en la asistencia social, sino que también redujeron la corrupción y eliminaron la intermediación piquetera”. Sin embargo, la implementación de estas medidas generó una profunda crisis de confianza entre las bases populares, que ahora cuestionan la legitimidad de sus líderes. Un histórico militante social admitió que los dirigentes están “muy cuestionados” y que el desencanto es palpable. La sociedad, según otro dirigente, está “muy descreída” del sistema político anterior, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. El panorama político en Argentina, tras estas transformaciones, se presenta golpeado y paralizado, con una notable falta de motivación en los sectores populares para movilizarse bajo las consignas tradicionales.
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