En una movida que promete sacudir el escenario político, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, expresó su respaldo al proyecto de ley impulsado por el PRO en la Cámara de Diputados, que busca retirar las pensiones de privilegio y la custodia personal a funcionarios públicos condenados por delitos cometidos durante su gestión. La iniciativa tiene un objetivo claro: el expresidente Alberto Fernández, quien enfrenta procesos penales por corrupción y violencia de género. El proyecto, que apunta a modificar la Ley 24.018 sobre pensiones vitalicias para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema, busca despojar a los condenados de sus beneficios especiales. La propuesta establece que aquellos que sean condenados en segunda instancia por corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público o delitos contra la integridad sexual perderán su pensión de privilegio y se regirán por el régimen general. Además, se inhabilitaría de por vida a quienes sean responsables de violencia de género o violaciones para ocupar cargos públicos. En su declaración, Milei mostró un fuerte apoyo al proyecto, destacando su consistencia con su postura contra las jubilaciones de privilegio: “Me encanta la idea. Desde mi visión, las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma”, dijo Milei, haciendo referencia a un tuit del diputado Damián Arabia, uno de los autores de la iniciativa. El proyecto cuenta con dos variantes: una encabezada por Silvana Guidici, acompañada por 12 diputados del PRO, y otra por Damián Arabia, también del PRO. Mientras que el texto de Guidici propone retirar los privilegios tras una condena firme en segunda instancia, el de Arabia plantea hacerlo desde el procesamiento judicial, aunque sin incluir la eliminación de la custodia. La propuesta cobró relevancia en el contexto de las denuncias por violencia de género presentadas por Fabiola Yáñez, expareja de Fernández, quien acusa al exmandatario de maltrato físico y emocional. Estas denuncias, que también pusieron bajo la lupa las operaciones de seguros vinculadas a Fernández, sirvieron como catalizador para el debate sobre los privilegios de los expresidentes. Según datos de la ANSES, la pensión de Alberto Fernández asciende a 7 millones de pesos mensuales, un beneficio que fue tramitado por el propio expresidente apenas tres días después de dejar la Casa Rosada en diciembre pasado, y que fue aprobado tres meses después. La continuidad de este privilegio podría verse comprometida si el proyecto de ley es aprobado.
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