El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en conferencia de prensa desde Casa Rosada que el 30 de junio habrá más despidos en el Estado como parte de un “proceso continuo de evaluación de la planta de empleados públicos”. Adorni destacó la necesidad de revisar cada área para asegurar su buen funcionamiento y la adecuada dotación de personal. “Con seguridad habrá más despidos, dijimos que iba a haber una segunda revisión antes del 30 de junio. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, revisar funcionamientos de determinadas áreas, qué valor agregan, si la dotación es la correcta y si no lo es se corrige”, afirmó Adorni. Además, subrayó que cada tres meses se llevará a cabo una nueva etapa de esta “limpieza de la planta estatal” para verificar el rendimiento de las distintas áreas. Por su parte, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su reciente informe de gestión en el Senado a mediados de mayo, respaldó esta política al indicar que el criterio principal es mantener a los empleados que realmente cumplen con su trabajo: “El criterio es mantener a la gente que trabaja y trabaja bien, si eso no ocurre, se trabajará en corregirlo”, sostuvo Posse. Esta medida se enmarca en el esfuerzo del Gobierno por reducir el gasto público y alcanzar el déficit cero, objetivo que consideran innegociable. Posse también señaló que, al asumir la administración, se encontraron con una gran cantidad de contratos sin claridad sobre las funciones de los empleados: “Esto se está poniendo en orden lo más rápido posible de manera gradual, tratando de tener el foco puesto en la gente que hace su trabajo y da un servicio y no cometiendo injusticias”, aseguró. En el Senado, la senadora de la UCR, Carolina Losada, expresó su preocupación por denuncias recibidas sobre los despidos. Losada coincidió en la necesidad de eliminar a los empleados improductivos, conocidos como “ñoquis”, pero advirtió sobre la posibilidad de que también se están despidiendo a trabajadores que cumplen con su labor. “Quisiera saber cuál es el criterio que se lleva a cabo para barrer con los que corresponde y dejar a los que realmente trabajan y si se puede revisar para hacerlo con bisturí y no con motosierra”, planteó la legisladora. Este proceso de evaluación y despidos en el sector público seguirá siendo una política central del Gobierno en su intento de optimizar el funcionamiento del Estado y reducir el gasto público.
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