La Justicia avanza en una causa que sacude al ámbito de los movimientos sociales. Tras recibir denuncias a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó 27 allanamientos y solicitó la declaración indagatoria de dirigentes de reconocidas organizaciones como el Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). La investigación, llevada a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA), reveló un entramado de “extorsión” donde los acusados presuntamente “exigían a los beneficiarios de planes sociales participación en manifestaciones públicas o el pago de sumas de dinero bajo amenazas de dar de baja sus beneficios”. Un total de 924 casos fueron identificados hasta el momento. Las pesquisas indican que los fondos obtenidos ilícitamente eran canalizados a través de cooperativas, “sin conocerse el destino final de este dinero”. Por ello, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados para determinar si obtuvieron beneficios económicos de estas actividades ilegales. Como parte de las medidas judiciales, se ordenó el secuestro de dispositivos electrónicos propiedad de los acusados, así como documentación relacionada con los planes sociales y tarjetas bancarias. Además, se constató el desvío de recursos, “exigiendo a los beneficiarios justificaciones médicas para quienes no podían asistir a las movilizaciones”. Entre los acusados se encuentran destacados referentes como Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, y otros miembros de las organizaciones mencionadas. Este escándalo pone en tela de juicio la integridad de ciertos sectores del activismo social y pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y el respeto por los derechos de los beneficiarios de planes sociales.
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