Tras el reconocimiento del ataque a la AMIA como crimen de lesa humanidad y la solicitud de reformas legales para procesar a los sospechosos iraníes, el Gobierno incrementó la “alerta antiterrorista” y ordenó intensificar la seguridad en aeropuertos, embajadas e instituciones judías: “Se añadieron controles en lugares que podrían ser blancos de ataques terroristas, como aeropuertos, hoteles y sedes comunitarias judías, en respuesta al aumento de tensión entre Irán e Israel y al veredicto que implicó a Irán en la planificación y a Hezbollah en la ejecución de los atentados contra la AMIA y la embajada israelí”, afirmaron fuentes oficiales. Los fallos de la Cámara de Casación Penal, firmados por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, confirmaron la participación de Teherán en el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas mortales. Además, se exigió la modificación de leyes para enjuiciar en ausencia a siete libaneses e iraníes con órdenes de captura internacional de Interpol, actualmente refugiados en su país. Los jueces sostuvieron que Irán tiene una responsabilidad internacional por actos terroristas realizados por grupos no estatales, pero bajo su influencia, como Hezbollah. Argumentaron que tal responsabilidad debería traducirse en la obligación de compensar completamente el daño causado, tanto moral como material, permitiendo a las víctimas reclamar ante instancias internacionales y ejercer su “derecho a la verdad”.
Compartir
