El gobierno de Javier Milei envió una carta documento al Sindicato de Camioneros y otros gremios, exigiendo el pago de los gastos generados por el operativo durante la movilización a Tribunales el 27 de diciembre. Este evento fue una protesta contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente el 20 de diciembre. La comunicación oficial, emitida desde el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Patricia Bullrich, detalla que el costo total del operativo desplegado por el Estado durante la marcha asciende a poco más de $40 millones. Fuentes del Sindicato de Camioneros manifestaron que están considerando apelar la intimación, calificándola de “ridícula” en consulta con sus abogados. La carta documento también enumera las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular durante la protesta en Tribunales. Desde el sindicato, se expresó la dificultad para comprender el contenido de la misma y se afirmó que darán una respuesta legal adecuada a lo que consideran una “dictadura llamada democracia” por parte del gobierno. La carta documento establece un plazo de diez días hábiles para el pago solidario de $40.419.227, justificando la cifra como costos operativos utilizados para poner fin a actos ilegítimos con el objetivo de mantener el orden público. Se advierte que en caso de no cumplir con esta exigencia, se iniciarán las acciones legales correspondientes. Las repercusiones no se hicieron esperar, con Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), denunciando la supuesta cruzada antidemocrática del gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich. Lecchi destacó en sus redes sociales que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta, y expresó su preocupación por la combinación del ajuste económico y la represión.
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