El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), Guillermo Marijuan, envió oficios a las 24 jurisdicciones del país, instando a que proporcionen de inmediato la nómina de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral. Esto lo hizo con el objetivo de realizar un entrecruzamiento de datos con el padrón de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. La investigación preliminar, iniciada por el fiscal federal, se centra en la presunta percepción irregular del beneficio por parte de empleados de distintas jurisdicciones. Marijuan sostiene que el Potenciar Trabajo está destinado exclusivamente a personas en “alto riesgo o estado de vulnerabilidad”. Según el fiscal, algunos beneficiarios, lejos de encontrarse en esta situación, realizaron movimientos migratorios que sugieren una capacidad de ahorro incompatible con su condición de vulnerabilidad. El fiscal ya había solicitado previamente a la ministro Victoria Tolosa Paz la baja de 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que, según la investigación, realizaron más de 812.906 movimientos migratorios mientras recibían el beneficio. Marijuan destaca que este grupo representa una erogación mensual del Estado de más de 10 mil millones de pesos, equivalentes a unos 27 millones de dólares cada treinta días. En un intento de poner orden, Marijuan señala la existencia de un “absoluto descontrol” por parte del Estado, especialmente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, destaca la incompatibilidad de destinar el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil a aquellos que ya tienen empleo, considerando esto como una práctica incompatible. El fiscal extendió su investigación a empleados de gobernaciones y municipios, solicitando a los mandatarios locales la provisión inmediata de la nómina de empleados para su cotejo con el padrón de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Marijuan busca determinar posibles incompatibilidades en el acceso al programa en estos ámbitos gubernamentales. La investigación en curso busca garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos destinados a programas sociales, destacando la importancia de un control riguroso sobre los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo en todo el país.
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