En el marco del juicio iniciado por dos fondos buitre por la expropiación de YPF, Argentina presentó un escrito ante la Justicia de Estados Unidos solicitando que el monto de reconocimiento de daños no exceda los 4.920 millones de dólares. El documento fue presentado por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell en representación del Estado argentino y fue sometido a las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York. El juicio se centra en determinar el monto de los resarcimientos que Argentina deberá enfrentar debido a la estatización de la petrolera en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández. Los dos fondos demandantes, Burford y Eton Park, buscan una indemnización que, según estimaciones, podría variar entre 4.920 y 16.000 millones de dólares. La jueza estadounidense Loretta Preska será la encargada de analizar los escritos presentados por ambas partes, incluyendo el presentado por el bufete jurídico que representa a Argentina. La indemnización a pagar se basará en la fecha en la que el Estado argentino obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación y la tasa de interés aplicada por la demora en la actualización de la indemnización. Los fondos demandantes sostienen que la fecha de control fue el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se designó un interventor del Ejecutivo para reemplazar al directorio de YPF. Por otro lado, el Estado argentino argumenta que los daños económicos deben calcularse desde el 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 que declaró la utilidad pública y la expropiación, momento en el cual se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones. Hasta la fecha, la jueza Preska ha fallado en contra de la República Argentina, eximiendo de responsabilidades a YPF, pero aún no determinó el monto de la indemnización a pagar como resarcimiento. Se espera que las audiencias continúen, aunque no se ha establecido una fecha precisa para el fallo. El escrito presentado por Argentina enfatiza en la fecha del traspaso del control de YPF como el eje central de la argumentación. En las conclusiones Argentina plantea que “el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo” y que “el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo”. Los abogados del Estado argentino argumentan que los demandantes obtendrán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, y señalan que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que llevó a la expropiación, por lo que cualquier otra indemnización por daños agravaría los desafíos económicos actuales de Argentina.
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