En el inicio de la campaña electoral, Cristina Fernández y Sergio Massa acordaron un importante aumento salarial para los trabajadores del Congreso de la Nación. Esta medida, que representa un incremento de casi el 120%, también se aplicaría a las dietas de los diputados y senadores, y se convertiría en una referencia oficial para las negociaciones paritarias. La noticia fue celebrada por la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). El aumento se implementará en tres tramos: un 35% a partir del 1 de julio, otro 35% a partir del 1 de agosto y un 20% adicional a partir del 1 de noviembre. En total, la suba acumulada llegará al 120%, superando ampliamente la pauta inflacionaria prevista en el Presupuesto nacional para este año. Aunque todo indica que el mismo porcentaje de aumento se aplicará a los salarios de los legisladores, hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. La titular del Senado y su par de Diputados, Cecilia Moreau, aún deben firmar la resolución conjunta que establece el aumento para los empleados. Hasta el momento, un diputado nacional cobraba, entre dieta y gastos de representación, la suma de 994.437 pesos. A esto se le suma un suplemento por desarraigo para aquellos legisladores cuyo domicilio se encuentra a más de 100 kilómetros de la Capital Federal. Tradicionalmente, la actualización de los salarios de diputados y senadores ha estado vinculada a los acuerdos establecidos por los gremios parlamentarios, siendo la APL, liderada por Norberto Di Próspero, uno de los actores principales en estas negociaciones. Durante la pandemia del coronavirus, Cristina Fernández y Sergio Massa introdujeron un criterio según el cual cualquier aumento salarial debía ser aprobado mediante votación en el recinto. Sin embargo, esta disposición nunca se puso en práctica y, finalmente, en noviembre del año pasado se derogó el artículo correspondiente del reglamento parlamentario. A pesar del aumento, internamente generó tensiones, ya que muchos trabajadores legislativos consideran que amplía la brecha entre los ingresos más bajos y los más altos. Por ejemplo, el sueldo bruto inicial pasará de $161.578,30 a $354.473,68, mientras que el bruto para los cargos más altos aumentará de $569.132,72 a $1.245.795,20. “Debería haber un criterio por el cual las categorías menores tengan mayores aumentos, pero me parece que el nivel de reclamo y el nivel de inflación superó esa posibilidad de alcanzar un acuerdo más solidario”, se quejaron algunos empleados del Congreso. Más allá de las opiniones internas, el aumento propuesto por Cristina Fernández y Massa constituye una referencia hacia el exterior y está en línea con el objetivo del kirchnerismo de apuntalar la recuperación del poder adquisitivo. La propia vicepresidente ha destacado esta consigna en sus críticas a la gestión de Alberto Fernández. Aunque el aumento queda por detrás de la inflación proyectada por analistas privados, el hecho de que se esté considerando en el Congreso estimula las negociaciones salariales en otros ámbitos, mejorando las expectativas.
Compartir
