En una nota enviada al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunciaron que la Policía bonaerense está llevando a cabo actividades de espionaje e inteligencia ilegal sobre asambleas, encuentros y movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Estos organismos expresaron su preocupación por la persistencia de estas prácticas de vigilancia ilegal, a pesar de las reiteradas denuncias y causas que están siendo tramitadas ante la justicia federal y provincial. Además de la nota remitida al ministro Berni, se enviaron también comunicaciones a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional y a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la legislatura provincial, solicitando la reactivación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención del Delito, Seguridad, Criminalística, Criminología e Inteligencia, creada en el marco de la reforma policial iniciada en 1997. En el comunicado se destaca que se han registrado casos de espionaje ilegal, como el seguimiento y vigilancia de la conmemoración del Día de la Memoria en Balcarce, la “Caravana de la Memoria” convocada por la Mesa de la Memoria de La Matanza, así como una asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia en Chivilcoy. También se señala que las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia estatal o de ex detenidos son otro de los blancos policiales, mencionando el perjuicio sufrido por familiares de la masacre de Monte y de Germán Gómez, un joven encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn. Según la presentación judicial, en todos estos casos la actuación de la Policía de la Provincia ha sido similar: sin orden judicial ni justificación, los efectivos habrían tomado fotografías o grabaciones audiovisuales de las personas que participan en las actividades. Además, se menciona que se han utilizado vehículos y agentes de civil, así como drones. En algunos casos, las autoridades policiales han reconocido expresamente estas acciones, afirmando que actúan siguiendo órdenes de sus superiores. Estas conductas denunciadas van en contra de las facultades policiales establecidas en la ley 13.982 y representan una invasión injustificada a la privacidad de todas las personas que participan en estos eventos públicos, buscando hostigar y amedrentar a quienes defienden sus derechos. Las denuncias presentadas exigen una investigación exhaustiva sobre estas prácticas ilegales por parte de la Policía Bonaerense y la adopción de medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos.
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