La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó una solicitud al gobierno de Axel Kicillof para que exija a los municipios permitir la emisión o renovación de licencias de conducir a personas que tengan multas por infracciones de tránsito sin sentencia firme. Este reclamo surge como respuesta a la cantidad de quejas y consultas recibidas por el organismo y en vista de una serie de fallos judiciales que consideran inconstitucional la exigencia de un certificado de libre deuda por infracciones impagas para renovar el permiso de conducir. El pedido fue dirigido a la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial provincial y busca atender aquellos casos en los cuales las sanciones por infracciones no cuenten con una sentencia firme de un juzgado competente. Guido Lorenzino, quien encabeza la Defensoría del Pueblo, argumenta que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la circulación y que las deudas generadas por una infracción, especialmente aquellas sin una sentencia firme, no deberían ser motivo para impedir la emisión de la licencia de conducir. Según Lorenzino, las aptitudes del conductor no deben ser cuestionadas por deudas relacionadas con infracciones de tránsito. Esta no es la primera vez que la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un pedido de este tipo. Ya en el año 2015, el organismo se pronunció en la misma dirección, respaldando la idea de que el hecho de tener pendiente el pago de una multa no guarda relación directa con la promoción de la seguridad vial. En esa ocasión, el reclamo no obtuvo una respuesta favorable, por lo que la Defensoría volvió a hacer hincapié en la necesidad de revisar esta práctica.
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