Sigue la embestida del oficialismo en la Comisión de Juicio Político de Diputados por el supuesto mal desempeño de sus funciones contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. Ante la ausencia del fiscal Carlos Stornelli, quien había anticipado que no se presentaría, la presidente de la Comisión, Carolina Gaillard, dijo que consideran que Stornelli “tiene que venir a declarar de manera presencial”, que por eso van a volver a convocarlo y advirtió: “Si no comparece, se le iniciará el trámite de desafuero, para poder citarlo a declarar por la fuerza pública”. Días atrás y ante los rumores que indicaban que Stornelli podría no llegar a presentarse, Gaillard había declarado que “todos los jueces y fiscales tienen la obligación de venir a declarar, solamente está exceptuado de venir a declarar presencialmente el presidente, la vicepresidente y los gobernadores. El resto tiene la obligación”. El diputado de Juntos por el Cambio, Juan Manuel López, criticó la decisión del oficialismo de volver a citar a Stornelli para declarar de manera presencial en la Comisión. El titular del bloque de la Comisión Cívica en la Cámara baja le dijo a Gaillard que no puede “tomarse esa atribución”, ya que la Constitución Nacional establece “la inmunidad funcional” para los integrantes de ese cuerpo. El sexto encuentro de la comisión presidida por Gaillard significó además la segunda ronda testimonial en la que, además de Stornelli, fueron convocados la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, que se excusó de asistir por cuestiones personales, pero pidió reprogramar su presencia; el exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevilla; y el secretario judicial número 4 de la Corte, Sergio Nápoli. Stornelli fue citado en calidad de testigo luego de que el juez Ramos reconociera en la audiencia anterior que había decidido archivar la causa por los presuntos chats entre Silvio Robles, vocero de la presidencia de la Corte, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, siguiendo las recomendaciones del dictamen del fiscal. En su dictamen, Stornelli consideró que no podía hacerse lugar a la investigación debido a que los chats habían sido obtenidos “fruto de una actividad delictiva” basada en el espionaje ilegal mediante hackeo. “Convalidar en este estado embrionario un eventual avance de este proceso sólo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”, consideró el fiscal.
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