Cristina Fernández podría sumar un nuevo juicio de cara a 2023 ya que vence el plazo para que la Cámara de Casación defina si confirma su sobreseimiento en la causa Hotesur-Los Sauces, donde además están involucrados sus hijos Máximo y Florencia. El jueves 22 se cumplen los 10 días hábiles que contempla la norma para que los camaristas Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña resuelvan los pedidos de nulidad de lo dictado por el tribunal oral N°5. Pese a que el plazo es ordenatorio, no se descarta que la decisión pueda dilatarse para el próximo año. En el caso se investigan diversas maniobras de lavado de activos de la firma Hotesur, que controla el Hotel Alto Calafate y de otros inmuebles propiedad de la familia Kirchner, mediante el alquiler de habitaciones a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López que nunca fueron utilizadas. Por mayoría y con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg el Tribunal Oral Federal N°5 determinó el sobreseimiento de Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, de Lázaro Báez y una veintena de acusados, al determinar que debía aplicarse la ley penal más benigna, que no castiga el “autolavado” desde que se inició la maniobra, al tiempo que señalaron que el dinero proveniente de la obra pública no era ilícito. Mario Villar, fiscal ante Casación, mantuvo la apelación del fiscal del juicio, su par Diego Velasco. En su exposición ante los miembros de la sala N°1, no sólo consideró arbitraria la decisión del Tribunal, sino que pidió que se revoquen los sobreseimientos, se revierta el cierre de la causa por inexistencia de delito, se active el juicio oral y que se constituya una nueva integración del tribunal para la realización del debate. En esa línea, el funcionario sostuvo que para que el juicio no se lleve a cabo debería existir una prueba clara que se imponga sobre la existente. Para ello, puso como ejemplo la causa “dólar futuro” en la que la vicepresidente fue sobreseída por el tribunal oral federal N°1, fallo que fue ratificado por la misma sala de Casación que ahora debe decidir sobre Hotesur-Los Sauces. Este caso, junto con la “ruta del dinero” y “obra pública” conforman una tríada de causas judiciales que tienen en común a Lázaro Báez, su relación con el matrimonio Kirchner y el manejo de sumas millonarias. En el segundo expediente, el empresario santacruceño fue condenado a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares, dicha sentencia está en revisión por parte de la sala IV de Casación. Los jueces Costabel y Palliotti sostuvieron que el delito que originó esa suma de dinero fue la evasión impositiva, vinculada también al direccionamiento de la obra pública de la que recientemente Báez fue condenado a seis años de prisión al igual que Cristina Fernández. Con la expectativa que la vicepresidente pueda sumar otro juicio nuevamente junto con Lázaro Báez, se aguarda que la Casación ratifique o no la condena del empresario en ruta del dinero. Decisión que probablemente se contemple en los fundamentos del juicio en el que recientemente fueron condenados, ya que uno de los delitos precedentes que se le imputan a Báez es la obra pública.
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