El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anticipó que pedirá “la extensión de la quiebra a SOCMA”, empresa controlante del Correo Argentino, que tiene como accionistas mayoritarios a integrantes de la familia del ex presidente Mauricio Macri. “Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”, enfatizó. “Está demostrado que Correo Argentino no vale nada, por eso nosotros vamos a pedir la extensión de la quiebra. Estamos estudiando y vamos a ver qué es lo que hace el síndico, quien tiene tiempo hasta el 1° de noviembre para pronunciarse sobre la situación de los administradores y los controlantes del Correo y aconsejarle a la jueza la extensión de la quiebra a quienes han utilizado la figura jurídica de Correo Argentino”, enfatizó Zannini. El procurador aseguró: “Nosotros podemos pedir en cualquier momento la extensión de la quiebra. Si estuvieran vaciando SOCMA por ejemplo para no pagar, van a quedar rastros. Ya el riesgo de vaciamiento que hicieron con el Correo no lo van a poder seguir haciendo con otras empresas que tienen”. No obstante, aclaró que “ninguna de estas decisiones hay que acelerarlas”. Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa. La decisión de la jueza Cirulli, derivó en un choque político entre la oposición y el gobierno nacional, debido a que dirigentes de manera individual y Juntos por el Cambio, en bloque, responsabilizan al kirchnerismo por la decisión y la vincularon a una supuesta persecución política y una venganza. En un día oscuro para la justicia comercial argentina, la jueza Marta Cirulli decretó hoy la quiebra de Correo Argentino S.A., a pesar de que sus accionistas habían ofrecido pagar el 100% de la deuda más los intereses que determinarán los tribunales”, advirtió el comunicado que fue difundido oficialmente por Juntos por el Cambio. Allí, se advirtió que la única razón para comprender esta decisión es el rechazo del Estado argentino, motorizado por el procurador Carlos Zannini, de aceptar cualquier tipo de acuerdo. Las motivaciones detrás de esta decisión son políticas: no están basadas en el derecho, ni el sentido común, ni en los deberes de un funcionario público que debe cuidar el patrimonio de todos los argentinos, en lugar de usar su cargo para perseguir opositores”. De todos modos, Juntos por el Cambio no sólo apuntó contra el kirchnerismo, sino que también cuestionó de manera personal a la magistrada que firmó la sentencia, tras un proceso que duró casi 20 años: “Zannini siempre quiso bloquear cualquier acuerdo y empujar a la empresa a la quiebra, con el objetivo político de perjudicar a la familia del ex presidente Mauricio Macri. Hoy lo logró”.
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