Alberto Fernández, anunció ayer oficialmente el fin del plan Guzmán para este año. Si bien nunca fue del todo creíble el dato de que no existieran en la hoja de ruta del ministro de Economía partidas destinadas al “gasto COVID” ante una eventual segunda ola, más allá de lo estrictamente orientado al sistema de salud, Fernández puso ayer en negro sobre blanco la magnitud del desvío, el verdadero golpe de gracia a cualquier proyección del ministro. Los recursos no previstos asociados a la asistencia económica en función de las nuevas restricciones ascenderán, en esta instancia, a un total de $480.000 millones. La cifra es equivalente a 1,3% del PBI, más de una tercera parte de lo que se gastó en todo 2020. El monto, además, está muy por encima de las primeras previsiones, tanto públicas como privadas, realizadas cuando empezó a arreciar la segunda ola de contagios y se empezó a limitar la actividad. Esos primeros cálculos llevaban el gasto, como máximo, a no más de $300.000 millones y lo ubican siempre por debajo de 1 punto del producto. La realidad sanitaria y la gestión de la pandemia obligan ahora a rehacer las cuentas. Lo que para el mercado lucía “manejable” hasta la semana pasada, entra ahora en una nueva fase de incertidumbre. La posibilidad de que el Gobierno recurra nuevamente a más emisión monetaria para financiar el impacto de las medidas genera inquietud en los mercados. Ya ocurrió a mediados de abril, cuando empezaron a operar las primeras limitaciones a la actividad y el dólar paralelo acumuló una suba de $20 en pocos días. La suba imparable de la cotización de la soja y la decisión durante mayo de no reforzar las restricciones a la economía contribuyeron a descomprimir la incipiente tensión. Pero ahora, aun cuando el anuncio promete brevedad, el cierre es total y costoso. Por un lado, por el gasto directo que anunció Fernández en los distintos programas de ayuda, pero también por el impacto que generará en la actividad económica. Lejos de un aumento de la recaudación como la que anunció para financiar ese gasto, es esperable que los ingresos fiscales se resientan en la medida que la recuperación económica se interrumpa. “El primer impacto de estas restricciones es menor actividad, con lo cual se puede complicar la dinámica fiscal por menor recaudación”, afirmó Federico Furiase, director de la consultora EcoGo. Sólo en términos de inflación, en los que transitoriamente podría verse una desaceleración, podría encontrarse algún paliativo, con la inquietud por delante sobre el rebote cuando se retome la actividad. Nada de esto estaba previsto en el plan de Martín Guzmán, que proyectó en el Presupuesto 2021 un rebote de 5,5% y que los economistas privados consideraron muy conservador. Sin embargo, fue el propio Banco Central el que advirtió en diciembre del año pasado que la recuperación económica podría acelerarse si se confirmara “que existen vacunas en forma masiva”, pero podría ser menor a la esperada según la evolución de la pandemia.
